Un tribunal de Nayarit condenó a tres ex policías municipales de San Blas a 17 años y 9 meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas cometidos en 2019.
Seis años después de los hechos, un Tribunal de Enjuiciamiento de Nayarit dictó una sentencia condenatoria de 17 años y 9 meses de prisión contra Germán N, Romualdo N y Fernando N, quienes se desempeñaban como agentes de la Policía Municipal de San Blas.
Los tres ex policías fueron hallados culpables de los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas, luego de comprobarse su responsabilidad penal en un acto de violencia y tortura ocurrido en 2019.
De acuerdo con la Fiscalía General de Nayarit, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2019, cuando los hoy sentenciados acudieron a atender un reporte de violencia familiar en la playa Las Islitas, municipio de San Blas.
Al llegar al sitio, los agentes ejercieron violencia física contra la víctima, haciendo uso indebido de sus funciones y del cargo público que ostentaban.
Posteriormente, los policías trasladaron a la persona afectada a la cárcel municipal, donde continuaron agrediéndola físicamente, lo que derivó en lesiones graves y violación de derechos humanos.
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a los ex agentes una multa equivalente a 336 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación integral del daño a favor de la víctima.
La sentencia también contempla la destitución definitiva de los tres ex policías de sus cargos y su inhabilitación permanente para ejercer funciones en cuerpos de seguridad pública.
Asimismo, se dejó a salvo el derecho de la víctima para que, en la etapa de ejecución, se determinen los gastos médicos, atención psicológica, traslados y pérdida de ingresos ocasionados por las lesiones sufridas.
La Fiscalía General de Nayarit destacó que esta sentencia reafirma su compromiso con la justicia, la rendición de cuentas y la lucha contra el abuso policial en la entidad.
El organismo reiteró que ningún servidor público está por encima de la ley y que continuará investigando y sancionando actos que violen los derechos humanos y las garantías individuales de los ciudadanos.
Enfoque Político - 2025