La FGR y la Profepa logran una sentencia histórica contra el tráfico ilegal de totoaba.

En un fallo judicial calificado como un precedente sin igual para la justicia ambiental del país, la Fiscalía General y la Profepa obtuvieron una sentencia condenatoria por tráfico de totoaba. El tribunal federal impuso cuatro años de prisión y el pago de más de diecinueve millones de pesos como reparación integral del daño ambiental causado al ecosistema del Golfo de California.
El caso penal se originó tras el decomiso clandestino de un cargamento con decenas de vejigas natatorias de totoaba que pretendían ser traficadas ilegalmente hacia mercados internacionales. La pesca furtiva de esta especie marina protegida representa la principal amenaza para la supervivencia de la vaquita marina, especie en peligro crítico que perece en las redes de enmalle.
Ambientalistas y biólogos marinos aplaudieron el rigor de la autoridad judicial en la condena, destacando que las sanciones económicas elevadas envían un mensaje contundente a las redes criminales. Durante años, el tráfico ilegal del denominado buche de totoaba generó ganancias millonarias para grupos delictivos que explotaban de manera irresponsable la biodiversidad de nuestras costas.
Autoridades ambientales informaron que los fondos recaudados por la multa serán destinados a programas de conservación, monitoreo científico de especies y patrullaje en el alto golfo. Se busca fortalecer las capacidades de los inspectores federales para evitar que la pesca ilegal continúe destruyendo el hábitat natural de especies emblemáticas del patrimonio marino mexicano.
Inspectores de la Profepa continuarán realizando operativos sorpresa en puertos y aeropuertos en coordinación con la Secretaría de Marina para interceptar cualquier envío de fauna silvestre. La vigilancia se mantendrá activa sobre las rutas de transporte comercial para evitar que la infraestructura logística sea utilizada por redes de contrabando internacional de especies.
Con esta sentencia histórica, México reafirma sus compromisos internacionales en materia de protección del medio ambiente y persecución efectiva de los delitos contra la biodiversidad. La justicia ambiental avanza con firmeza para castigar a quienes atentan contra la riqueza natural de la nación, asegurando la preservación de nuestros mares para las futuras generaciones.