En su más reciente posicionamiento, el Gobierno de México rechazó que exista, con base en la información disponible, un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras.

La postura fue difundida por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, que señalaron que cada caso debe ser investigado de manera individual y atendido con la debida diligencia. 

El Gobierno también condenó cualquier acto de violencia contra personas buscadoras y colectivos, además de reiterar su compromiso con las familias que participan en labores de localización.

Al mismo tiempo, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre las condiciones de seguridad de las personas buscadoras en México. Naciones Unidas ha documentado comunicaciones relacionadas con desapariciones, agresiones y protección de personas defensoras. 

El debate coloca en el centro la necesidad de investigar cada denuncia y garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en la búsqueda de familiares desaparecidos.